La violencia de género siempre existió: todas fuimos víctimas en mayor o menor medida, y considero que aún todas lo somos.
Lo mismo pienso de la violencia doméstica, aquella que se da en el seno del hogar, a puertas cerradas, muchas veces en silencio… siempre existió.
Los últimos hechos acaecidos en nuestro país en lo que va del año, las muertes que se produjeron en manos de hombres violentos, demuestran que estamos lejos de lograr el respeto que nos merecemos.
Quizás la más notoria, fue la muerte de Valeria Sosa, miembro de una integración cultural, representante de las tradiciones del Uruguay. Sus compañeros realizaron una “movida” muy emocionante, llena de sentires, con hombres y mujeres comprometidos a parar este flagelo.
Uno de los carteles de la marcha, manifestaba algo así como: ¿dónde está la denuncia? Y es en este punto, donde me quiero detener.
La ley de Violencia Doméstica 17.514, dispone de mecanismos de protección para las víctimas, entre las que se encuentran el hecho de realizar una denuncia en la Seccional más cercana a su domicilio (en caso que exista unidad especializada de violencia doméstica, la derivan allí).
Esa denuncia debe ser comunicada al Juez competente, quien dispone medidas de urgencia en un primer momento, para luego convocar audiencia. Con Valeria, ocurrió que esa denuncia nunca llegó a oídos de Juez y mucho menos, se formó un expediente judicial con la misma. Quizás nos preguntamos cómo puede ser. Bueno, es más frecuente de lo que nos gustaría. A muchas Valerias les ocurre lo mismo, día tras día. Se presentan en la Seccional, con temor, con miedo, sabiendo que salen de ahí y deben volver con el agresor; y como si fuera poco, sufren revictimización de los funcionarios, quienes deciden tomar el papel de consejeros (“pero igual los hijos los tiene que ver”, por ejemplo) o directamente de jueces (archivando la denuncia), decidiendo sobre la vida de la mujer y de sus hijos. Ojalá se tratara solo de un caso aislado... pero no lo es.
Posterior a estos sangrientos hechos, mucha gente decidió solidarizarse; lo que sin dudas aúna fuerzas para continuar, pero lamentablemente nunca será suficiente, si entre esa gente que sale a las marchas, que está detrás de un mostrador tomando la denuncia, que defiende legalmente a mujeres, que defiende legalmente a agresores, que decide qué medida tomar para proteger los derechos de las víctimas… hay quienes con su accionar, son cómplices del violento.
Necesitamos un Uruguay más eficiente, menos cómplice... no un país del después, que toma cartas en el asunto luego que no hay marcha atrás.
Ivana Manzolido Falero
Abogada
Febrero 2017